El presidente Luis Abinader firmó el reglamento de aplicación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual entró en vigencia plena este 28 de enero de 2026. Con este paso, el mandatario advirtió que todas las instituciones, incluyendo ayuntamientos, fideicomisos y organismos autónomos, están obligadas a ajustarse al nuevo marco normativo. La reforma busca transformar el gasto público en un proceso eficiente y auditable, eliminando los vacíos legales que permitían la opacidad en gestiones anteriores.
La gran novedad de esta ley es su rígido régimen de consecuencias. A diferencia de la normativa anterior (340-06), la Ley 47-25 establece penas de 2 a 5 años de prisión para funcionarios que negocien con el Estado o violen el régimen de incompatibilidades, y hasta 10 años de cárcel para contratistas que incurran en sobornos o colusión.
Fuente: Diario Libre
