La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y organizaciones comunitarias de La Caleta han declarado la zona en estado de urgencia ante la amenaza de desalojo de miles de familias. Manuel María Mercedes, presidente de la entidad, denunció una «persecución contra los pobres», señalando que tras décadas de ocupación pacífica han aparecido supuestos dueños reclamando los terrenos. La comisión solicita al presidente Luis Abinader que declare estos terrenos de utilidad pública para proteger a los ocupantes. Además, critican al Abogado del Estado por autorizar el uso de la fuerza pública contra familias que, a pesar de estar dispuestas a negociar, enfrentan exigencias económicas desproporcionadas.
Fuente: Hoy Digital
