La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) inició la implementación de la Ley núm. 47-25, la cual establece un régimen de incompatibilidad absoluto. A diferencia de la normativa anterior, que permitía hasta un 10% de participación accionaria, el nuevo marco legal prohíbe que cualquier servidor público tenga acciones en empresas proveedoras del Estado, sin importar el porcentaje.
Los funcionarios afectados tienen un plazo de 15 días hábiles para suspender su Registro de Proveedor del Estado (RPE) de forma voluntaria antes de que se realice de oficio.
