Este jueves 21 de mayo de 2026 arrancó formalmente el inédito paro nacional de labores convocado por jueces, juezas y servidores judiciales en la República Dominicana. La jornada de protesta inició con la lectura simultánea de un manifiesto reivindicativo en las explanadas de los diversos palacios de justicia del país, procediendo de inmediato a la suspensión masiva de audiencias y de los servicios judiciales presenciales ordinarios en todo el territorio.
El movimiento cuenta con un férreo respaldo de más de 400 magistrados y el apoyo institucional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), cuyo presidente, Trajano Potentini, convocó a la comunidad jurídica a una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia tras calificar la situación del sistema como «crítica».
En la acera institucional, el Poder Judicial intentó mitigar el impacto de la huelga informando que mantendrá operativos sus canales presenciales mínimos y su plataforma digital (justicia.gob.do) las 24 horas del día. A través de un comunicado, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) reconoció el derecho a la manifestación pacífica y reiteró su llamado al diálogo, recordando la vulnerabilidad de los miles de ciudadanos que acuden diariamente a los tribunales.
Sin embargo, los líderes gremiales de la Asociación de Jueces de Paz y de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), representados por Dante Ozuna e Ysis Muñiz, desmintieron la existencia de un diálogo real, tildando los comunicados oficiales de «intenciones intangibles» y criticando que el organismo pretenda resolver una crisis presupuestaria inmediata con un plan proyectado a diez años (el Plan Justicia del Futuro 2034).
Fuente: N Digital
