Ciudadanos y organizaciones de Puerto Rico se manifestaron en 11 municipios de la isla para exigir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por el Congreso de EE. UU. hace 10 años bajo la Ley PROMESA para reestructurar la deuda de 70.000 millones de dólares y controlar las finanzas públicas.
Portavoces sindicales, sociales y políticos denuncian que en una década la Junta ha agravado la crisis socioeconómica mediante recortes presupuestarios, el aumento del costo de vida y el deterioro de servicios básicos como agua y luz para beneficiar a los bonistas.
Además, señalan que el organismo atenta contra las pensiones públicas y profundiza el estatus colonial de la isla al restringir la toma de decisiones del pueblo puertorriqueño.
Fuente: Diario Libre
