A pesar de que el Tribunal Constitucional ratificó en diciembre de 2025 que el Estado debe pagar por los terrenos declarados área protegida en 2004, Bienes Nacionales ha decidido investigar el origen de dichos títulos. Rafael Burgos sostiene que existe una irregularidad histórica: el Estado ha pagado por 450 expropiaciones en los últimos 30 años que, a pesar de haber sido liquidadas, siguen apareciendo a nombre de particulares.
Ante este escenario, la institución ha decidido no pagar ni un peso hasta agotar la última instancia judicial y realizar un saneamiento de los documentos de propiedad para evitar fraudes contra el patrimonio público.
Fuente: Diario Libre
