El Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Contraloría General de la República enfrentan crecientes presiones para revisar la escala salarial del Estado. A medida que se acerca el asueto de Semana Santa, sectores de la administración pública han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de la indexación salarial por inflación, un ajuste que el Gobierno ha evitado para no afectar las recaudaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Por otro lado, la disparidad entre los salarios de instituciones descentralizadas (como superintendencias y bancos estatales) y el Poder Ejecutivo sigue siendo un punto de fricción. Mientras un ministro tiene un tope salarial de RD$ 300,000, titulares de entidades autónomas perciben ingresos que superan los RD$ 600,000, lo que ha reavivado las críticas sobre el famoso «Barrilito» y los privilegios en el Congreso, en contraste con el salario de los servidores de carrera.
Fuente: Diario Libre
