El sistema político dominicano se encamina hacia una de sus transformaciones regulatorias más profundas de las últimas décadas. El Senado de la República aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley para la Integridad, Control del Financiamiento y Prevención de la Infiltración de Actividades Ilícitas en la Política.
Esta iniciativa introduce un régimen sancionatorio sin precedentes que impactará de manera directa los recursos económicos que las organizaciones políticas reciben del Estado a través de la Junta Central Electoral (JCE), estableciendo la retención y pérdida del financiamiento público como castigo principal ante el incumplimiento de auditorías y fiscalización de aportes.
La pieza legislativa modifica e integra nuevos artículos a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (No. 33-18).
El objetivo central de la reforma es asfixiar económicamente las vías de penetración del dinero sucio —proveniente del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción administrativa— en las campañas electorales, obligando a las parcelas políticas a convertirse en sujetos obligados con sistemas internos de fiscalización rigurosos.
Cada partido deberá designar un Oficial o Unidad de Cumplimiento con independencia funcional y recursos mínimos. Este departamento será el responsable de auditar los ingresos, revisar listas de sanciones nacionales e internacionales de los donantes, exigir declaraciones juradas de origen de fondos y evaluar los riesgos de penetración criminal.
Fuente: N Digital
