Tras la denuncia de una madre a la que un colegio privado le exigió RD$1,600 para entregarle la documentación escolar de su hijo, el abogado Manuel Soriano advirtió que los cobros administrativos no pueden condicionar la entrega de expedientes académicos.
Aunque los centros privados poseen autonomía administrativa, el jurista y la normativa del Ministerio de Educación (Minerd) señalan que prevalece el derecho constitucional a la educación y el interés superior del menor (Ley 136-03).
Soriano propuso que el Minerd establezca una tarifa nacional regulada para evitar arbitrariedades que afecten el reinicio escolar de los estudiantes.
Fuente: N Digital
