El Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura el proyecto de ley para la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política.
Esta nueva pieza legislativa modifica sustancialmente la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, introduciendo un riguroso régimen de cumplimiento normativo y prevención contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, con estándares normativos muy similares a los que rigen actualmente para las entidades bancarias y financieras del país.
La legislación obligará a todas las organizaciones políticas a ejecutar reformas profundas en sus estatutos internos.
A partir de su promulgación, los partidos deberán consignar de manera obligatoria la creación de órganos internos de cumplimiento y verificación de integridad, los cuales gozarán de total independencia funcional, presupuestos mínimos garantizados para su operación y la responsabilidad de reportar directamente tanto a las autoridades de la organización como a la Junta Central Electoral (JCE).
Fuente: N Digital
