El nuevo reglamento emitido por la Junta Central Electoral (JCE) para restringir y normar la publicación de encuestas políticas en el país ha desatado un profundo debate jurídico. Diversos sectores señalan que el órgano de caminos electorales habría incurrido en un exceso de su potestad reglamentaria, legislando sobre materias que son de reserva exclusiva del Congreso Nacional.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) intervino formalmente en la discusión, advirtiendo que el disenso no radica en si la JCE puede o no fiscalizar el proceso electoral, sino en el hecho de que un reglamento administrativo no posee la jerarquía jurídica suficiente para coartar la libertad de empresa de las firmas encuestadoras, ni para prohibir la difusión de datos fuera de los plazos de precampaña y campaña.
De acuerdo con la Finjus, la disposición de la JCE pone en riesgo el libre flujo de información y obstaculiza el acceso de los ciudadanos a variables estadísticas que sustentan la participación política en una democracia.
La entidad recordó que la facultad reglamentaria de las instituciones del Estado tiene como único fin desarrollar lo que ya manda una legislación base, mas nunca sustituirla, alterarla o inventar restricciones ausentes en el texto legal aprobado por los legisladores. En consecuencia, advirtieron que cualquier resolución que lesione el contenido esencial de derechos fundamentales o imponga trabas no contempladas en las leyes vigentes queda viciada de nulidad absoluta por quebrantar el principio de supremacía constitucional.
Fuente: Diario Libre
