El Poder Ejecutivo envió formalmente al Senado de la República un anteproyecto de ley que contempla la modificación de 18 artículos de la Ley 74-25, la cual instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
Esta iniciativa del Gobierno central coincide con otra propuesta legislativa depositada en la Cámara de Diputados por un bloque multipartidario de legisladores, orientada a revisar aspectos específicos de la normativa criminal antes de su entrada en vigencia oficial.
La propuesta de los diputados, respaldada por representantes de los partidos PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, PRSC y Dominicanos por el Cambio, se centra en delimitar y diferenciar jurídicamente las imputaciones ligadas al desempeño de funciones de interés público o gubernamental de aquellas que atañen estrictamente a la vida privada de los ciudadanos.
La pieza aborda con rigurosidad técnica cuatro áreas penales: el ultraje contra la autoridad pública, la emisión de certificaciones médicas falsas, la difamación y la difusión no consentida de audios, imágenes o videos de carácter personal.
Uno de los ejes neurálgicos se encuentra en el artículo 208, donde se redefine la difamación como la imputación pública de un hecho concreto que lesione el honor, la dignidad, el buen nombre o la integridad familiar de una persona física o jurídica.
Fuente: N Digital
