El expresidente Leonel Fernández analiza las complejidades, tensiones constitucionales y debilidades estructurales del nuevo Código Penal dominicano (Ley Orgánica 74-25), cuya vacatio legis de 12 meses está a punto de expirar el próximo 3 de agosto de 2026.
Tras casi tres décadas de estancamiento y sucesivas observaciones presidenciales (en 2006 por incongruencias procesales y médicas, y en 2013 por el debate de las tres causales del aborto), la inminente entrada en vigor de la pieza ha desatado alarmas en gremios periodísticos, médicos y de la sociedad civil debido a disposiciones que entran en conflicto directo con derechos fundamentales.
Fernández destaca que el artículo 192, que sanciona la difusión no consentida de audios o videos con penas de prisión, colisiona con el artículo 49 de la Constitución dominicana, el cual prohíbe la censura previa y ampara la libre investigación y difusión de información de carácter público. Asimismo, los artículos 208, 209 y 210 criminalizan la difamación y la injuria con penas privativas de libertad de hasta 5 años, lo que representa un grave retroceso frente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 0075/16) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica), instancias que abolieron la cárcel para los delitos de palabra.
Más allá de lo comunicacional, el análisis técnico revela una profunda ambivalencia dogmática. El código fue redactado bajo el influjo híbrido y contradictorio de cuatro sistemas distintos: el pragmático y sintético modelo francés (1994), el analítico y abstracto modelo alemán (recibido a través de las legislaciones de España de 1995 y Colombia del 2000).
Esta mixtura fusiona una parte general dogmática de tendencia germánica con una parte especial de influencia gala, creando un entramado oscuro para los operadores jurídicos. Ante este escenario, se plantea la necesidad de prorrogar la vacatio legis para reevaluar la norma y dotar al país de una legislación coherente y moderna.
Fuente: RC Noticias
